Source: (2004) En Vanguardia Dossier, “Potencias emergentes: China, India, Brasil y Sudáfrica”, No. 12, Julio/Septiembre 2004. South Africa: Centre for Study of Violence and Reconciliation. Downloaded 1 March 2005.
Cuando las negociaciones formales para poner fin al apartheid comenzaron a principios de los años noventa, se inició un importante debate sobre el modo en que el estado sudafricano encararÃa su pasado marcado por la violencia. Como en todo acuerdo negociado, la vÃa del macroproceso de delitos polÃticos no llegó a considerarse en ningún momento como posible alternativa. Para entonces el Congreso Nacional Africano (CNA)1 intentaba convertir un estado con una minorÃa blanca en una democracia multirracial. Amenazar con procesar a la vieja guardia de seguridad del “establishment” significaba la posibilidad muy real de desencadenar una guerra civil. Por otro lado, el camino de una amnistÃa generalizada – una especie de amnesia nacional sobre el pasado – era moral y polÃticamente inaceptable. Ignorar la violenta opresión de la mayorÃa de los ciudadanos de Sudáfrica y permitir que los responsables de violaciones atroces de los derechos humanos salieran libres no darÃa lugar a la estabilidad y la reconciliación que el nuevo gobierno perseguÃa. Además, semejante opción minarÃa todavÃa más la credibilidad en la legalidad del sistema, fundamento esencial sobre el que precisaba alzarse el nuevo marco de gobierno del paÃs. Lo que se negoció entonces, por consiguiente, fue una solución de compromiso en forma de una Comisión de la Verdad; institución que, aunque inspirada en comisiones similares en Latinoamérica y otros lugares, fue única en su alcance y atribuciones, mandato e impacto.
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